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Costa Digital

Cuando se ataca la excelencia: sobre el archivo del caso Todo Cultura / Ignacio Molano Ponce de León

Este artículo fue publicado el Viernes, 12 de julio de 2019.
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En la fotografía uno de los espectáculos internacionales que se han subido a los escenarios de Almuñécar

El 25 de junio se ha notificado por el Juzgado de Instrucción nº1 de Almuñécarel auto, de fecha 17 de mayo, ya firme, que archiva las actuaciones Diligencias Previas 830/2015, iniciadas contra Todo Cultura y sus integrantes,contra todo el Consistorio y contra algunas personas más que pasaban por ahí. Nada de lo actuado ha sido suficiente, siquiera, para deducir que pudiera haber algún tipo de indicio de delito, que debía, al menos, haber juicio: 28 investigados, testigos, 10 tomos de instrucción, años de investigaciones. Tanto para nada. Nada.

La jueza instructora hizo gala de paciencia y meticulosidad. Conocía perfectamente las actuaciones, y al mencionarse uno u otro documento, se zambullía en el tomo exacto y lo encontraba como si no tuviese otro expediente en su despacho. En el auto de archivo, dice que “no se ha constatado que se hayan cometido los delitos imputados a los distintos investigados”, que “tras las numerosas declaraciones practicadas” no existen siquiera indicios; que, en todo caso, si hubiese alguna irregularidad, lo sería de carácter administrativo en relación con la diversa documentación que Todo Cultura aportóo dejó de aportar, al área municipal correspondiente, relativa al convenio de colaboración. Un asunto de burocracia.

Retrocedamos: el detonante fue una denuncia absurda. El resumen es este: es evidente que la actividad cultural de Almuñécar no pudo financiarse únicamente con la subvención recibida por Todo Cultura, de alrededor de 68.000 euros anuales. Cualquier vecino, cualquier turista recordará muchos de los espectáculos conseguidos a precios muy inferiores a los de mercado: yo mismo lo recuerdo de cuando podía dedicar más tiempo a la gestión cultural y menos al derecho, y conocí a Olga Ruano porque parecía imprescindible conocer de primera mano el modelo de gestión implantado en Almuñécar. Lo demás vino después.

Pues bien; ni siquiera de esta manera el presupuesto mencionado era suficiente, por lo que se completaba con la venta de entradas. Como en todas partes. La recaudación de la taquilla (física u on-line) era, y así se acordaba con cada artista, parte del caché. El artista asumía un riesgo y el Ayuntamiento no pagaba más de lo debido: si había poco público, el caché del artista sería muy inferior. Muchos artistas que normalmente no admiten asumir esa parte del riesgo y trabajan sólo a cambio de un caché fijo, sí lo admitían en Almuñécar.

La denuncia venía a decir que no se sabía dónde iban a parar esos ingresos de la taquilla, y que era dinero del ayuntamiento. Uno a uno, los diferentes investigados relataron cómo funcionaba la gestión cultural de Almuñécar: que la recaudación de las entradas iba a parar a los artistas y que, en todo caso, no era dinero del ayuntamiento de la misma manera que, cuando se organiza la presentación de un libro y se venden ejemplares, el dinero se recauda por la editorial, y no se le ocurre a nadie que se lo quede el ayuntamiento.

La denuncia hacía un cálculo asombroso: si el auditorio municipal tiene 430 asientos, si el precio promedio de las entradas es de X euros y si ha habido X eventos a lo largo de los años de existencia de Todo Cultura (pero, concretamente, entre los años 2012 y 2014), han desaparecido…. ¡2 millones de euros!

Por otra parte, en relación con la Escuela Municipal de Música, la gestión anterior tenía contratados a muchos profesores de manera irregular. Era inaceptable que la propia Administración municipal no cumpliese con los derechos laborales y la regulación administrativa: al contrario, es la primera que debe cumplir. Se recordará que la Escuela estuvo en peligro por esto; que hubo que encomendar la gestión a quien pudiera revertir la situación y volver a la normalidad de la que nunca debió apartarse. Y ello con el inconveniente de no poder contratarse por el Ayuntamiento a los profesores que venían impartiendo clases sin contrato por motivo de la ley de austeridad que lo impedía. De ahí que fuese necesario que fuesen contratados indirectamente por Todo Cultura: o se hacía así, o los docentes y trabajadores de la escuela de música quedarían contratados ilegalmente y la escuela debería cerrar. Esto también fue puesto en duda, y ocupó algún que otro tomo de la documentación.
 
Traducido al lenguaje penal, esto implicaba la posible existencia de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias o fraude de subvenciones.

Cuatro años de investigaciones. Miles y miles de páginas de documentación. Habría resultado muy sencillo pensar un segundo si esa recaudación gestionada por Todo Cultura no habría ido a parar a los artistas y sus representantes, como en muchos municipios (sin olvidar aquellos ayuntamientos cercanos que tomaron como ejemplo de buen hacer, precisamente, la gestión cultural de Almuñécar, replicando su modelo), y como ya se insistió desde el inicio. Pero no.

Ha sido llamativo cómo las investigaciones llevadas a cabo por la UCO terminaban cuando cualquiera de los investigados explicaba aquello que tenía todo el sentido común. Sin verificar si lo que se decía por éste o por aquél podía ser verdad, se dejaba de investigar.

En esto, la UCO se parece bastante, en algunas ocasiones, a los pesqueros de arrastre: se les da muy bien pescar, sí, y son muy eficaces para ciertas capturas; pero se llevan entre sus redes todo tipo de especies, protegidas o no. No importa: pescan y ya se verá si lo capturado sirve o no sirve.

El desgaste ha sido enorme para los investigados. La llamada pena de banquillo, que no es otra cosa que el padecimiento de quien se ve inmerso en un procedimiento penal largo y absurdo ha sido especialmente perjudicial para Olga Ruano. La información malintencionada y tergiversada se comenzó a difundir, por parte de la oposición, de manera oportunista, en fechas previas a la campaña electoral municipal de 2015. Aguantó el tirón cuatro años más. Pero decidió no volver a presentarse a las últimas municipales. La deslealtad, de unos y otros, y la falta de interés y conocimientos técnicos por quienes debían aportar soluciones concretas para gestionar la agenda cultural una vez retirada la subvención a Todo Cultura devolverána Almuñécar, paulatinamente, al páramo del que se había conseguido salir. Yo mismo tuve que redactar el modelo de los nuevos contratos que debería firmar en adelante el Ayuntamiento con los diversos agentes culturales porque nadie aportaba a Olga la solución desde dentro del equipo técnico del consultorio.

Ahora, quien quiera acudir a Almuñécar con su grupo de música o de teatro deberá cobrar directamente del Ayuntamiento, es decir, unos meses después de la actuación. Esto, de por sí, impide que acuda cierto tipo de artistas, y encarece los eventos y espectáculos: si van a cobrar meses después, es lógico que suban su caché, que reducían si cobraban en el momento. Burocráticamente, claro está, el sistema actual es mucho más engorroso aunque, eso sí, Almuñécar como destino de artistas, como parte del circuito, seguirá un tiempo en su mira gracias a lo sembrado.

Sabían todos, perfectamente, cómo se gestionaba la cultura en Almuñécar; entre otras cosas, porque con anterioridad a Todo Cultura, otra asociación, Al Zagal, se había dedicado a lo mismo y de la misma manera, aunque sin resultado alguno, con estrepitoso fracaso de su gestión: nadie recuerda un solo espectáculo digno de aquella época, y el personal de la Escuela Municipal de Músicatrabajaba, decía más arriba, de manera irregular.

Sabían todos que nunca antes habían tenido lugar eventos de tal calidad y frecuencia que ponían a la ciudad en el mapa de la cultura, atrayendo turismo y fomentando los derechos del ciudadano al acceso y la participación en la cultura.
A la pena de banquillo se sumó el irresponsable oportunismo, digo. Un intento de arañar un puñado de votos siendo plenamente conscientes del enorme giro en materia cultural, muchos de ellos pidiendo entradas gratis de cortesía, mendigándolas para sí, su familia y sus amigos y, a continuación, haciéndose los indignados sobre la recaudación de unas entradas que no se les habría ocurrido pagar nunca en unos eventos que no habían sido capaces de organizar jamás.

Ignacio Molano Ponde de León es abogado

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Un Comentario a esta noticia

  1. Morgan dice:

    12 julio, 2019 a las 8:12

    Muy bien explicado. Añadamos: una actuación infame de Convergencia, una actitud bochornosa de PSOE y una cobardía fuera de lugar en el PP. Enhorabuena, Olga. Supongo que te echaremos de menos… Pero la vida va como va. Lo diré en positivo: que nos quiten lo bailao.

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